Aprueban ampliación de indulto presidencial por razones humanitarias

Por El Día.

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por más de dos tercios este martes, la ley que amplía el trámite de concesión de la amnistía e indulto parcial y total por razones humanitarias. Esta cuarta ampliación fue planteada y aprobada la semana pasada por el órgano ejecutivo. El indulto total o parcial supone el perdón de la condena. La amnistía perdona el delito y se aplica especialmente para detenidos preventivos.

Según explicó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, este nuevo decreto se aplicará a mujeres embarazadas con más de 24 semanas de gestación, personas con discapacidad o enfermedades terminales. En mayo de este año, el entonces ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, anunció que la ampliación del indulto tendría un enfoque predominantemente de género.

Quedarán excluidas del beneficio las personas privadas de libertad que hayan cometido delitos contra la vida y delitos graves como feminicidio, parricidio, robo agravado, contrabando o secuestro.

En septiembre de 2013 se promulgó el primer indulto, que fue ampliado a finales de 2014 por el presidente Evo Morales para personas privadas de libertad que reunieran ciertos requisitos, como estar cumpliendo una condena menor a ocho años o no ser reincidentes.

Desde 2013 se han beneficiado con la medida 3 mil privados y privadas de libertad de los 64 recintos penitenciarios de todo el país, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Del total, 1.122 personas fueron puestas en libertad en el primer semestre de este año, acción en parte motivada por la llegada del Papa Francisco.

En el país hay más de 11.455 detenidos en prisiones, el 20 por ciento de ellos tiene juicios pendientes desde 2009 a 2013 y el 80% espera un juicio desde 2014, informó Los Tiempos. Según la Fundación Construir, ocho de cada 10 privados se encuentran en detención preventiva esperando sentencia.

La medida del indulto ha desencadenado buenas y malas reacciones. Los privados de libertad y sus abogados ven como una vulneración de derechos tener que declararse culpables para poder salir en libertad con el indulto. “En algunos casos somos inocentes y esos antecedentes ya pesan en nuestros expedientes”, se quejó una interna del Centro de Orientación Femenina de Obrajes (La Paz).

El ministro de Gobierno, Carlos Romero dijo que “existe el procedimiento abreviado y que éste es una posibilidad. El indulto y amnistía están dirigidos a hechos que no son graves y las sanciones deberían también ser accesibles para estas medidas”, sostuvo.

4.000 manillas para detención domiciliaria

El ministro Romero, mencionó la posibilidad de implementar el uso de 4 mil pulseras electrónicas para que detenidos preventivos puedan cumplir su pena con arresto domiciliario y así reducir el hacinamiento en las cárceles, que supera el 326% de la capacidad de los penales según el informe “Bolivia: realidad penitenciaria” publicado este año por Cáritas.

El tema se debatirá en la Cumbre de Seguridad Ciudadana que se celebrará en Cochabamba el 23 de julio, en el marco de descongestionamiento de cárceles que aplica el Gobierno con el Poder Judicial, informó Romero. Esta posibilidad ya fue planteada en cumbres anteriores, pero nunca llegó a materializarse. El ex director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, fue uno de sus primeros defensores.

La senadora y vicepresidenta del Senado, Nélida Sifuentes, dijo que presentó hace cuatro meses el proyecto para implementar dichas manillas electrónicas y que actualmente “se esperan los informes de autoridades judiciales y direcciones de Régimen Penitenciario para que los legisladores inicien el proceso de revisión y posterior promulgación”, afirmó al diario La Prensa.

Sobre los costos, según estimaciones de expertos en la materia citados por ese periódico, la medida invertiría medio millón de dólares para el sistema de monitoreo y la construcción de salas en las direcciones de Régimen Penitenciario.

Sifuentes dijo que para el pago se propuso que sea el gobierno a través del Tesoro General de la Nación, o que los propios privados compren el equipo y paguen una mensualidad por el tiempo de uso.

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Acerca de Nélida Sifuentes
Dirigenta sindical, política (MAS-IPSP), senadora del Estado Plurinacional de Bolivia (2010-2014 y 2015-2020).

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