Gobierno Electrónico y Software Libre en Bolivia: metas que el Estado quiere alcanzar en, al menos, siete años

Por ANF.

La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) y la Dirección General del Gobierno Electrónico son las encargadas de elaborar dos planes para cambiar la gestión de la administración pública.

En la actualidad, para postular a un empleo en alguna institución del Estado o acceder a una licitación de una obra o instaurar una denuncia en la justicia, es necesario cumplir con una serie de requisitos. El tiempo para los papeleos, los ajetreos, las filas e incluso el mal servicio hacen que el trámite quede pendiente por días, meses o años.

Las soluciones para terminar con los laberintos de la burocracia han pasado por cambiar las formas de atención al cliente, por ejemplo pasar de la fila a los tickets o digitalizar algunos trámites vía Internet. No obstante la tramitación de requisitos para un determinado certificado continúa y se expande a falta de una coordinación interinstitucional.

Estos son algunos de los temas abordados por la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), dependiente de la Vicepresidencia del Estado, y de la Dirección General del Gobierno Electrónico, dependiente del Ministerio de Planificación. Ambas instancias trabajan en dos planes que permitan no sólo informatizar estos y otros trámites a través de un Gobierno Electrónico, sino también generar software libre que permita simplificar la gestión de la administración pública.

“El Gobierno Electrónico tiene que ayudar en diversos aspectos, facilitar la interacción ciudadana con el Estado, desde jóvenes a adultos, de forma más fácil. Quiere decir sin colas, sin plazos para un trámite de cuatro, cinco o seis meses, sin tener que hacer siete trámites para hacer uno”, explica Nicolás Laguna, director ejecutivo del ADSIB, en entrevista con ANF.

El «Plan de Implementación del Gobierno Electrónico» no sólo busca simplificar los trámites, sino abarca más aspectos como la liberación y el acceso de datos públicos. Si bien no existe un plazo taxativo para la implementación del gobierno electrónico, Laguna señala que el objetivo es hacerlo en cinco años.

A su vez, el «Plan de Implementación de Software Libre» busca que las entidades públicas desarrollen aplicaciones informáticas útiles que permitan simplificar los procesos o trámites y que con ellos se beneficie no sólo a los ciudadanos, sino a los mismos funcionarios.

“El software libre es para aportar, el resto depende de las personas que trabajen en las entidades”, señala Laguna, quien está seguro que ambos planes no “harán magia” en la administración pública si no existe la relación adecuada con la parte humana.

A diferencia del Gobierno Electrónico, el plan de Software Libre tiene un plazo de siete años para ser implementado y para que las instituciones públicas migren de sus actuales sistemas –en su mayoría importados y con carácter privativo– a los nuevos a ser desarrollados por bolivianos. Es decir, se trata de cambiar programas como el Software “Da Vinci” que emplea el Servicio de Impuestos Nacionales para el envío de formularios electrónicos, por otros creados por bolivianos y con las características del software libre.